A partir del 1 de septiembre, llevar a tu mascota a la clínica veterinaria conlleva pagar un IVA del 21%, cuando antes se pagaba un 8%, es decir, una subida de 13 puntos. Una subida ilegal, abusiva y un atropello a los ciudadanos en el contexto de crisis actual.
Los animales de compañía no son un lujo. Prestan un servicio esencial a los seres humanos, hacen la vida más fácil a personas con tendencias depresivas, niños con diferentes tipos de síndromes, ancianos sin más compañía que su mascota, sin hablar de los perros guía o los utilizados para la detección de drogas y explosivos, o en el rescate de personas atrapadas por derrumbamientos.
Este sobrecoste tendrá una consecuencia inmediata: la reducción de las visitas al veterinario, lo que se traducirá en menos control sanitario y en la proliferación de enfermedades transmisibles al ser humano y de consecuencias muy graves como la rabia o los quistes hidatídicos. Muchas personas tendrán que elegir entre comer y vacunar a su animal.
El gobierno, con esta medida, está incumpliendo el artículo 43 de la Constitución Española, que dice:
-Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
-Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
El gobierno, subiendo 13 puntos el IVA de los servicios veterinarios, incumple gravemente el deber constitucional de garantizar el derecho a la protección de la salud, ya que esta medida acarreará graves perjuicios para la salud pública.
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